jueves, 11 de octubre de 2007

Memoria histórica, pero con fundamento


Tucídides calificó su Historia de la Guerra del Peloponeso como ktéma eis aeí, "una adquisición para siempre". De la sabiduría de los grandes escritores de la Antigüedad aprendimos que el pasado de un pueblo es, sin duda, su más preciado patrimonio. Es por eso por lo que todo español de bien se congratulará de que la "Ley de la Memoria Histórica" salga finalmente de su limbo, y, en consecuencia, rechazará rotundamente las dos críticas principales que desde la oposición a esta norma se han venido fabricando.

No es cierto que existan urgencias más perentorias que, a día de hoy, enfrente España: la casi imposibilidad por parte de las nuevas generaciones de acceso a la vivienda digna, a trabajo estable, a una vida muelle en definitiva, no son sino minucia despreciable que preocupa a minorías oscuras, grupúsculos anarquistoides que con masa de hedonismo modelan becerros de oro. La única y verdadera tragedia nacional habría de ser el olvido permanente de nuestras propias y castizas raigambres.

Se trata también de un argumento falaz aquel que asegura que "una nación es futuro. Los traumas de la Guerra Civil quedaron ya cancelados gracias a la sabiduría de los altos varones que llevaron por buen rumbo la Transición a la Democracia". Pues Ortega -para qué ir más lejos- nos recuerda con certeza que "El hoy de la historia no es sino el ayer actualizado". Ningún pasado, ni siquiera el más remoto, es ajeno al presente de la Patria bienamada.

Hay que felicitar al Gobierno y a los grupos que le apoyan por su valentía; pero también hay que razonar responsablemente acerca de que esta iniciativa habrá de verse, de forma necesaria, ampliada y completa a lo largo de la próxima legislatura. Y es que, por terrible que se considere, el Franquismo, mirado con auténtica perspectiva histórica, no fue, ni mucho menos, la época más oscura de nuestra larga singladura nacional. Bien está que se denuncien sus atrocidades, pero ¿No merece algún respeto toda aquella generación perdida, masacrada, en la Guerra de África por mor de idea imperial descabellada; o las víctimas de las sangrientas Guerras Carlistas, de la vergonzosa dictadura de Fernando VII, la Invasión Napoleónica, la Guerra de Sucesión, la de las Comunidades o, más terrible aún, la fratricida entre Pedro I y los Trastámara? Sin la repulsa oficial de estas barbaries la Memoria Histórica no se vería completa.

Señores Padres de la Patria, hagamos las cosas bien y comencemos la casa por sus cimientos, no por el tejado, como es gloriosa tradición hispana: sea prioridad en la legislatura venidera una "Ley de la Memoria Histórica contra el barbarismo imperialista romano". Nunca nuestro país sufrió una invasión tan atroz, una dictadura tan cruel y sanguinaria como durante el período que media entre las Guerras Púnicas y la final liberación del yugo extranjero, en el siglo V, gracias a las hordas salvadoras de bárbaros variados. Me tomo la libertad de apuntar algunos elementos fundamentales que sin duda debe recoger la ley si quiere hacer justicia a tan maño desmán:

1. Declaración rotunda e inequívoca por parte de las instituciones públicas (y privadas) de repulsa a la invasión romana y a la desculturización del mundo ibérico que ésta supuso.

2. Rehabilitación civil de los patriotas que, como Viriato, perecieron a manos del cruel invasor.

3. Desaparición de todo resto onomástico que pueda recordar tan negro período. Nombres como Mérida ("Emerita Augusta"), Zaragoza ("Caesaraugusta"), León ("Legio Septima Gemina") desaparecerán del mapa y estas gloriosas urbes recuperarán de una vez por todas sus prístinos nombres indígenas (sean los que fueren, que eso pues da igual).

4. El Derecho Romano y todas sus corrupciones posteriores serán declarados ilegales a perpetuidad.

5. Cualquier resto de arquitectura pública (o también privada, obviamente) que nos traiga la mínima memoria de ese oscuro período será demolido sin ningún remordimiento. Sobre las ruinas se hará pasar (tres veces) el arado y en el solar remanente se sembrarán cantidades viciosas de sal gorda.

6. El uso de cualquier lengua romance (o del vasco contemporáneo, corrupto de vergüenza con jerga latinera) se considerará imperialista y, por tanto, perseguido. El idioma ibérico, el celta peninsular y el proto-vasco serán declarados oficiales en sus ámbitos respectivos anteriores a la invasión.

Señores políticos: o somos, o no somos.

Salud y pesetas.

1 comentario:

  1. Yo creo que casi todo lo que dices es urgente y necesario, pero peca de lo mismo que la vigente "Ley de Memoria Histórica": no va realmente a las raíces.

    Antes de la invasión romana está perfectamente documentada la cartaginesa, y es bien obvio que ésta merece el mismo repudio que la romana. Aunque no exista apenas documentación escrita, sabemos también que las lenguas celtas de la Península Ibérica tuvieron que ser introducidas aquí como fruto de una (o varias) invasiones. Y lo mismo tuvo que pasar con la lengua o lenguas indoeuropeas que la hidronimia testimonia: El Gobierno de la Nación no puede seguir postponiendo esa urgentísima repulsa de la indoeuropeización de la península, con la consiguiente prohibición de todas las lenguas de dicho grupo lingüístico.

    Los vascos, por su parte, pese a lo que se suele decir, tienen todo tipo de probabilidades de haber llegado a su territorio actual en una época no menos tardía que los romanos: no existe ningún topónimo vasco antiguo, y sin embargo el territorio está plagado de la misma toponímia "Antiguo Europea" que el resto de la Península. El vasco, por tanto, también es una lengua invasora y merece ser inmediatamente prohibida. A decir verdad, para ser justos, todos aquellos que afirman ser descendientes de esa antiquísima nación vasca, deberían ser expulsados de ese territorio que violentamente conquistaron.

    Y etcétera, etcétera.

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